(La autora es doctora en Derecho, Contratada Margarita Salas y miembro del CIPI)

A medida que Internet se consolida como principal canal de difusión de obras y prestaciones protegidas, la aparición de nuevos servicios o funcionalidades cada vez más sofisticados nos somete constantemente a nuevos ejercicios de calificación jurídica. El volumen de cuestiones prejudiciales planteadas ante el TJUE en la última década, en asuntos directamente relacionados con el uso de obras y prestaciones protegidas en entornos digitales, habla por sí solo de este fenómeno.

(El autor es profesor contratado-doctor de Derecho Civil y secretario del CIPI)

Hemos tenido que esperar casi cuatro años y medio para que el TJUE se pronunciara sobre un nuevo caso relativo al límite de copia privada. Y es que hace prácticamente un mes, el TJUE emitía su sentencia de 24 de marzo de 2022, sobre el caso Strato AG (asunto C-433/20). Los hechos son bien sencillos: la entidad de gestión Austro-Mechana reclama a Strato, prestadora del servicio de almacenamiento en la nube, la compensación equitativa por copia privada, por entender que, al permitir este tipo de reproducciones, debía estar sujeta al pago del canon.

(El autor es miembro del CIPI, Contratado Predoctoral de la UAM)

Como vimos en mi anterior post, entre 2010 y 2017 el legislador español fue incapaz de crear un sistema estable y eficiente de compensación equitativa por copia privada. La razón de que nuestro sistema haya sufrido tantas vicisitudes ha sido la falta de escucha de nuestro legislador. Este fue incapaz de darse cuenta de que lo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) nos estaba indicando en la sentencia Padawan del 21 de octubre de 2010[1] no era la inadecuación del sistema de canon como tal, sino el hecho de que este se aplicaba indiscriminadamente, incluso a entidades y personas que no debían pagarlo pues nunca pueden ser beneficiarios del límite de copia privada.